El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), Danny Ramírez-Ayérdiz, denunció que simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) e incluso miembros de la “derecha nicaragüense”, le han enviado amenazas de muerte y ofensas.
Ramírez-Ayérdiz es uno de los abogados que presentó una acusación por delitos de lesa humanidad contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de otros funcionarios del régimen en Argentina.
“Sigo recibiendo amenazas y ofensas de todo tipo por simpatizantes del FSLN y, aunque no se crea, de la ultraderecha nicaragüense”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado, en donde también acostumbra a compartir noticias sobre Nicaragua.
“Sepan que no les tengo miedo. Que me digan que saben dónde vivo, vengan los invito a un café. Cobardes”, añadió en su publicación el abogado, la cual fue respondida por la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez.
“Es un hecho que los obstáculos vendrían y es una buena señal que están haciendo bien su trabajo y que no solo a los sapos les duele. La envidia es muy mala. Debemos alegrarnos de que tenemos a alguien que nos acuerpa. Usted siga que le necesitamos. Un abrazo”, dijo Martínez.
Denuncia contra Ortega y Murillo
La denuncia de CALIDH contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus allegados fue presentada el pasado 3 de noviembre y quedó radicada ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de Buenos Aires, Argentina.
En la denuncia también se señala al jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán, y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud, así como al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos.
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“Estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras”, dice el comunicado que publicó CALIDH a inicios del mes informando sobre la denuncia.
