Una activista defensora de los derechos de las comunidades indígenas y que prefiere omitir su nombre analizó para Radio Darío el caso de las dos hermanitas asesinadas en Ciudad Belén la semana pasada, y entre sus conclusiones, señala que se trata de un acto de racismo y que el Estado tiene parte de culpa en este crimen.
La activista comenta que “hay personas que han salido de la cárcel sin ningún tipo de preparación para reinsertarse en la sociedad”, a propósito de que Alfredo Lara, uno de los acusados, tenía antecedentes penales por robo agravado y había sido liberado en 2019 sin terminar de cumplir su condena.
“El sistema judicial está carcomido porque permite que este tipo de personas reincidan en actos delictivos”, detalla la activista, quien a su vez, señala que uno de los acusados dijo que no se arrepentía del hecho, lo cual puede significar que su intención era mandar un mensaje racista a las personas indígenas diciendo “no los queremos aquí”.
“Nicaragua es un Estado racista y está en deuda con las comunidades indígenas”, indica la activista. Las hermanitas asesinadas provenían de una comunidad indígena llamada Walakitang, ubicada en Wiwilí, departamento de Jinotega. La activista explica que, para muchas personas indígenas, trasladarse de las comunidades a la ciudad es muy complicado porque el estilo de vida es distinto.
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“Tenemos que entender que esto sucede en nuestras comunidades” resalta la activista, de manera que los comunitarios no están seguros ni en sus propias comunidades, ni a las ciudades a las que se desplazan. Las niñas asesinadas tenían pocos días de haber llegado a Managua.
El Estado encubre violadores
La activista también menciona que en el espectro político nacional y entre los funcionarios públicos, las autoridades tienden a repetir patrones que hasta la fecha se siguen dando y señala como el ejemplo más claro, el caso de la violación de Zoilamérica Ortega Murillo.
Zoilamérica es hija de Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. En 1998, Zoilamérica denunció públicamente a Ortega de haberla abusado sexualmente, pero tanto Murillo como el sistema judicial encubrieron a Ortega y el caso no avanzó a la etapa de investigación.
Según la activista, de esta misma manera es que el Estado y sobre todo el sistema de justicia ha encubierto varios casos de violación, asesinato y masacres que han perpetrado algunos colonos en comunidades indígenas. “Es una sociedad en decadencia, una sociedad sin principios”, detalla la activista.
