Los señalamientos contra el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y su presidente Dante Mossi, por proveer el mayor porcentaje de su cartera de préstamos a Nicaragua, un país administrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los ha puesto en el foco del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington (CSIS).

Un planteamiento de Ryan Berg de cómo Estados Unidos puede acercarse al organismo financiero para restringir los financiamientos a Nicaragua, mientras no se respeten los derechos humanos y la democracia, ha provocado la reacción de Dante Mossi, que incluso pidió un debate sobre el tema.

Berg, es el director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa del Futuro de Venezuela del CSIS, y cree que Mossi “ha seguido dirigiendo el financiamiento de proyectos en Nicaragua y ha profundizado los lazos con Ortega a pesar de la creciente condena internacional a los crímenes del régimen”.

Hechos y verdades

Dante Mossi minimizó el planteamiento realizado por Ryan Berg denominado: Por qué el BCIE financia la dictadura nicaragüense y qué puede hacer Estados Unidos al respecto. Mossi invitó al analista de CSIS a un debate sobre “hechos y verdades que no conoce”.

Berg utilizó su cuenta de Twitter para compartir su análisis y siete planteamientos que considera necesarios en la administración de Joe Biden para que el BCIE deje ser el oxígeno financiero de los Ortega-Murillo en Nicaragua.

“Estimado Sr. Berg, lo reto a un debate sobre lo que (BCIE) financia en todo Centroamérica con hechos y verdades que parece no conocer de su obra escrita”, respondió Mossi sobre la publicación de Ryan Berg.

La reacción del ejecutivo bancario es similar a cuando se defendió ante los medios de comunicación en mayo del año pasado, en ese momento dijo que ellos (BCIE) no se inmiscuyen en asuntos políticos internos luego que le preguntaron sobre los arrestos del presidente y vicepresidente de la gremial privada de Nicaragua. Mossi señaló que no son una oficina de derechos humanos.

Manuel Orozco, investigador del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, tomó la palabra del banquero. “Señor Mossi, el financiamiento del BCIE a Nicaragua es muestra de completa complicidad con una dictadura que reprime, mata, destierra, encarcela.  En nombre del Diálogo Inter-Americano y con mi colega Ryan Berg, lo invitamos a un debate público”, se lee sobre el mismo tuit.

Mossi en el mismo hilo acusó a Orozco de “confundir a la opinión pública”. “Con gusto, pongamos fecha y lugar para esta cita – me encantaría demostrarle con hechos, que son públicos, como confunde a la opinión pública”.

Nicaragua pone en riesgo situación financiera del BCIE

La falta de transparencia del BCIE sobre cómo se administran y distribuyen sus fondos siembra dudas sobre sus intenciones e integridad. La baja calificación crediticia de Nicaragua de B- también amenaza la situación financiera del BCIE al invertir en un estado financieramente poco confiable con una de las clasificaciones más bajas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional.

El BCIE no ha establecido un monto máximo de préstamos para cada país, por lo que los préstamos excesivos a Nicaragua inestable no solo reducen la disponibilidad de crédito a otros países, sino que también constituyen un riesgo regional ya que la situación política y económica de Nicaragua impulsa la migración regional y aumenta la inestabilidad.

Si bien Estados Unidos no tiene presencia en la junta directiva del BCIE y no tiene accionistas dentro del banco, es el mayor proveedor de fondos a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Ryan Berg en su análisis plantea siete puntos que los resume entre acciones de diplomacia y en un extremo, sanciones.

Opción 1: No más “metas propias”. Estados Unidos podría comenzar por asegurarse de que sus agencias de desarrollo como USAID y DFC, así como aquellas entidades pertenecientes al sector privado, suspendan todos los tratos con el BCIE mientras el banco esté asociado con dictaduras de financiamiento.

Adicionalmente, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el Comité Bancario del Senado, que ejercen supervisión sobre las instituciones financieras internacionales, deben celebrar audiencias que investiguen al BCIE y sus prácticas.

Opción 2: Estados Unidos debe involucrar a Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea (especialmente España), así como a otras partes interesadas en el BCIE, para ayudar a crear conciencia sobre la falta de transparencia dentro de la organización.

Opción 3: Estados Unidos debería hacer un llamado a los otros socios fundadores como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras para que monitoreen cuidadosamente las decisiones y el desempeño del BCIE.

Opción 4: Estados Unidos podría tomar acciones que afecten la calificación crediticia del BCIE. Actualmente, el BCIE tiene una calificación crediticia sólida y estable en AA, según Standard & Poor’s. Sin embargo, si Estados Unidos toma algunas medidas sensatas contra el BCIE o su liderazgo, es lógico pensar que su calificación actual al menos entrará en revisión.

Opción 5: Estados Unidos podría considerar retirar visas a funcionarios de alto nivel del BCIE y emitir prohibiciones de viaje para evitar que asistan a reuniones recurrentes de accionistas que tienen lugar en Washington, D.C. y se reúnan con potenciales inversionistas en Estados Unidos, hasta que el banco acepte dejar de prestar al régimen de Ortega.

Opción 6: Estados Unidos podría abrir una investigación sobre el liderazgo del BCIE, con la intención de imponer sanciones a los ejecutivos del BCIE. Ya existen acusaciones en torno a la elección de Mossi para dirigir el BCIE, ya que se cree que obtuvo apoyo gracias a un acuerdo entre Daniel Ortega y el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a cambio de una mayor ayuda financiera a Nicaragua.

Opción 7: Estados Unidos podría considerar evitar que el BCIE aumente la deuda en los mercados de capitales de Estados Unidos y presionar a la Unión Europea para que restrinja dicha actividad en sus mercados.