En Nicaragua, la violencia que sufren miles de mujeres, niñas y adolescentes es un problema de vieja data. Se alimenta de viejos patrones culturales heredados que asocian el poder y la autoridad -conferida a los hombres- con el ejercicio de la violencia.
En la otra cara de la moneda, las mujeres son colocadas en un lugar inferior y subordinado, negándoles el derecho a la autodeterminación.
Este esquema de dominación/subordinación hace que se justifique la violencia que muchos hombres ejercen hacia las mujeres, llegando al colmo de responsabilizarlas por las agresiones sufridas.
Desde la misma infancia se les dice a las mujeres que ellas tienen que comportarse de determinada manera para ponerse a salvo de la violencia de los hombres, mientras a estos se les enseña a comportarse de manera abusiva en general con todas las mujeres, pero también con otros hombres a quienes consideran inferiores.
Frente a una problemática que tiene carácter global y que ha sido denunciada por los movimientos feministas, el Sistema de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia las mujeres (CEDAW) que incluye el derecho a vivir libres de violencia.
También contamos en el caso del continente americano con la Convención para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Aunque el Estado de Nicaragua es suscriptor de ambas convenciones, los cierto es que lejos de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde su retorno al gobierno, han desmantelado los pocos avances alcanzados en la década anterior.
La reforma de La Ley para prevenir la violencia hacia las mujeres (779), la desarticulación de la dirección de comisarías de la mujer y la niñez, el encubrimiento de las cifras de la violencia machista, el rechazo a la labor que realizan las activistas feministas que denuncian y acompañan a las víctimas, así como, los discursos oficiales encaminados a minimizar la gravedad del problema forman parte de una estrategia deliberada para evadir la responsabilidad de prevenir, sancionar a los agresores y reparar a las víctimas.
Es así como como durante la última década se ha incrementado el delito de femicidio que, de acuerdo con definiciones internacionales, se trata de un delito grave en donde el estado se vuelve responsable por omisión.
Es decir, quienes asesinan a las mujeres son hombres concretos que actúan en un escenario de impunidad.
En Nicaragua en lo que va del presente año, al menos 33 mujeres han sido víctimas de femicidio y más de 100 han escapado de ser asesinadas.
El más reciente caso es el cometido en Chinandega, cuando un desconocido sin mediar palabra asesinó a machetazos a una mujer que hacia ejercicios en la residencial donde vivía con su familia.
Más allá de las circunstancias inmediatas que rodea cada caso, necesitamos reconocer las causas de la violencia machista en toda su complejidad, entre las que figuran la desigualdad, la tolerancia social y la complicidad del Estado.
Nicaragua, 26 de agosto, 2022.
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