Un grupo de activistas, opositores y defensores de derechos humanos, denunciaron en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los vejámenes y la persecución que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega contra las organizaciones de la sociedad civil.

El epidemiólogo Leonel Argüello de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, comentó que “en Nicaragua se ha instalado tal estado de persecución, que participar en estos espacios puede significar severas represalias para quienes estamos aquí presentes y nuestras familias”

“Cada espacio público sitiado, comunidad desplazada, organización cancelada, medio de comunicación confiscado, universidad clausurada, Iglesia e indígenas perseguidos o grupo asediado deja un vacío que es ocupado por redes de corrupción, cuya misión es asegurar la prevalencia del régimen y sus intereses familiares, de enriquecimiento ilícito, destrucción del país y promoción dentro de la sociedad la intolerancia y el odio”, resaltó el médico.

Por su parte, la activista Haydee Castillo mencionó que la estigmatización y los discursos de odio con los que se dirige la pareja gobernante a los opositores, activistas y periodistas, “buscan hacer creer a la ciudadanía que su labor y su asociatividad son un delito, fomentando la confrontación social y legitimando la violencia, la discriminación y el asedio que se ejerce en su contra”.

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Más de 2,000 organizaciones ilegalizadas

La activista Ana Quirós resaltó que en Nicaragua “ya no queda ni una sola organización de defensa de derechos humanos que opere legalmente”

La falta de libertad de asociación, según expusieron los activistas, ha dejado 2,634 organizaciones ilegalizadas; cuatro de medios de comunicación de cobertura nacional ocupados y confiscados; 128 asociaciones vecinales, 124 médicas, 62 asociaciones religiosas y 136 relacionadas al arte, ciencia y cultura, despojadas de su personalidad jurídica.

De igual manera, mencionaron que al menos 2,225 oenegés nicaragüenses y otras 309 internacionales que desempañaban trabajos relacionados a la defensa de derechos humanos, fueron ilegalizadas.

Quirós indicó que la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil se sustenta en la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la cual se ha utilizado malintencionadamente “para justificar la cancelación de las personalidad juridica de muchas de las organizaciones, señalando que la supuesta falta de cumplimiento de sus obligaciones no permite el control y la prevención prevista en dicha ley”.

De igual manera, el régimen de Ortega se apoya en la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeras, aprobada en 2020 y que ha impuesto obligaciones y sanciones arbitrarias a organizaciones de la sociedad civil.

Según Quirós, la dictadura de Daniel Ortega utiliza “falsos argumentos para justificar la posterior cancelación de las personerías jurídicas” de las organizaciones de la sociedad civil.

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Allanamientos y apropiación ilegal

El defensor de derechos humanos, Carlos Guadamuz, expuso que el régimen de Ortega se ha valido de los allanamientos y la apropiación ilegal del patrimonio de las organizaciones ilegalizadas.

“No a todas las organizaciones arbitrariamente canceladas se les han expropiado ilegalmente sus bienes, pero se ha podido documentar la confiscación de facto para al menos 43 organizaciones, incluyendo al menos 13 ONG´s de mujeres; 6 universidades privadas y 4 medios de prensa independientes”, detalló Guadamuz

El defensor de derechos humanos mencionó que el Estado de Nicaragua ha demolido la libertad de asociación a través de la instrumentalización política del Poder Judicial, impidiendo por completo el acceso a la justicia frente a las graves violaciones a este derecho.