Un nuevo Centro Penitenciario, con capacidad para 1.520 reos, fue inaugurado por las autoridades del Ministerio de Gobernación y operadores políticos del partido FSLN en León.
El nuevo penal tiene por nombre “Compañera Santos Bárcenas Centeno”, cuenta con una extensión de 30.084 metros cuadrados y fue construido en las afueras de la ciudad.
“Estamos reivindicando los derechos de los presos y presas y también de los familiares”, sostuvo la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, durante la inauguración del centro penitenciario.
Consultado Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), sobre el nuevo Centro penitenciario, dijo que no sirve de nada, mientras el régimen de Ortega mantiene una política dictatorial y represiva.
Asegura que si Ortega quiere reducir el número de reos, debe empezar por “liberar a las personas presas políticas”, que tiene injustamente en las cárceles del Sistema Penitenciario de Nicaragua.
“Mientras existan funcionarios que no protejan los derechos humanos, y se ubiquen por encima de la Constitución política, no tendría ningún sentido edificar nuevos penales”, afirmó el activista.
Sostiene que cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo respeten las leyes y convenios internacionales sobre los Derechos Humanos, “entonces sí valdría la pena edificar nuevos Centros Penales”.
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“Lo que nos preocupa como organización, “es que se siga pensando en seguir encarcelando a más nicaragüenses que alzan su voz y cuestionan las políticas restrictivas del régimen”, aseveró Carmona.
Elvira Cuadra, expertas en temas de seguridad ciudadana dijo que el nuevo Centro Penal de León, es contradictoria porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen una política sistemática de violación a los Derechos Humanos, con más de 200 presionaros políticos.
“La infraestructura del Centro puede ser buena, tener todas las condiciones, mientras no se respeten los derechos de todas las personas privadas de libertad, de nada sirve toda esa construcción”, señaló Cuadras.
Por su parte el abogado y también defensor de Derechos Humanos en el exilio, Pablo Cuevas, asegura que el régimen sandinista mantiene una política reñida con la legalidad y con la paz social.
Cuevas dijo que resulta contradictorio erigir nuevos Centros Penales, cuando Ortega ha liberado a miles de reos comunes sin que hayan cumplido los parámetros de un proceso de inserción social y “por eso el incremento de la delincuencia en Nicaragua”, recalca.
